El Tribunal Supremo de España, pregnancy Sala en lo Penal, declaró la validez de los rastreos informáticos realizados en la red por la policía judicial -tendientes a perseguir la difusión de pornografía infantil-, con fundamento en que no se precisa autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma, ya que la huella de entrada queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario. Sí es necesaria autorización judicial para desvelar la identidad de la terminal, teléfono o titular del contrato de un determinado IP («Internet Protocols»), en salvaguarda del derecho a la intimidad personal.