No obstante, nuestra legislación es insuficiente. Dadas la complejidad y las particularidades de este tipo de infracciones, la incorporación de los delitos informáticos en el Código Penal no basta para luchar contra este flagelo. Necesitamos instrumentar los mecanismos procesales pertinentes y contar con instrumentos de cooperación y coordinación internacional eficaces que posibiliten a policías, funcionarios y magistrados judiciales llevar a cabo investigaciones rápidas, coordinadas y con preservación de los elementos de prueba correspondientes a los casos que estén investigando o juzgando.

Es cierto, y justamente la solución, podria venir de la mano del Convenio del Ciberdelito que contiene tanto normas para la recolección de la prueba en Internet como normas para la colaboración internacional. Argentina está cada vez mas interesada en formar parte de este acuerdo, solo falta un poco de voluntad política (que estos días imagino escasea) y hacer entender a todos los involucrados que el delito informático -como sucede con todo lo que ocurre Internet- no reconocen fronteras.

El seminario tuvo por finalidad a explorar con reconocidos expositores los desafíos legales que enfrenta el Derecho de las nuevas tecnologías en tres paneles con temas bien diferenciados. El primer panel fue una mesa debate sobre responsabilidad civil por la difusión de la imagen y datos personales en buscadores de Internet. Los expositores fueron el Dr. Antonio Mille, el Dr. Carlos Petre y el Dr. Eduardo Bertoni. El panel fue moderado por el Dr. Pablo Palazzi, Director de la maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés. El primer expositor Eduardo Bertoni, quien actualmente es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la información de la Universidad de Palermo. El autor, que fue relator especial en la OEA sobre libertad de expresión, puso énfasis el acceso a la información en Internet, la jurisprudencia de la CIDH y el fundamento por el cual la información que los buscadores ponen a disposición de los usuarios está protegida constitucionalmente. Carlos Petre brindó un panorama judicial de estos casos comentando la tipología de los distintos supuestos y explicando los problemas que enfrente la Justicia para resolver los planteos de la tecnología. Finalmente fue Antonio Millé, autor de varios artículos interesantes sobre la materia, y profesor de las Cátedras Derechos Intelectuales y Derecho Informático en la Universidad Católica Argentina quien cerró este panel y comentó los desarrollos del derecho comparado en materia de responsabilidad de buscadores analizando la lógica detrás de un motor de búsqueda y los supuestos en los cuales no debería habérselo hecho responsable.

El segundo panel de debate trató el tema de los “La reforma del Código Penal y la nueva ley de delitos informáticos. Consejo de Europa. La prueba informática”. Los panelistas fueron los Dres. Ricardo Saenz (Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,), Marcos Salt (especialista en derecho penal y representante y participante en las reuniones del ciberdelito del COE), y Gustavo Presman (Perito especialista en Informática Forense). El moderador fue el Dr. Carlos Reggiani ex secretario de la Comisión de Asuntos Penales del Senado, quien participó en la redacción de la ley 26.388 y guió a los expositores a lo largo de su debate. Todos los autores pusieron énfasis en que el problema actual es la necesidad de contar con reglas claras en materia de prueba informática. Se mencionaron asimismo las limitaciones constitucionales a la obtención de prueba y como juegan frente a las nuevas tecnologías y lo difuso del concepto de público y privado en internet. Se relato el caso “Halabi” de la Corte Suprema y la importancia de los datos de tráfico en materia de telecomunicaciones y la necesidad de contar con reformas en los códigos procesales penales para agilizar la investigación de los delitos informáticos.  Finalmente el seminario se cerró con una mesa debate sobre políticas legislativas sobre software y tecnología. El primer panelista fue el Dr. Jorge Vega Ilaceray, gerente de legales para Microsfot Argentina quien disertó sobre Un nuevo paradigma en propiedad intelectual: innovación abierta. En su charla el autor explicó un cambio de paradigma en la administración de propiedad intelectual por parte de las empresas. El cambio consiste en que antes la propiedad intelectual jugaba un papel limitativo en el acceso a los contenidos protegidos; en cambio hoy en día el paradigma ha cambiado y a través del Patent pooling y las licencias abiertas el conocimiento se comparte de otra manera.   Seguidamente el Dr. Guillermo Cabanellas disertó sobre Protección del Software por Derecho de autor y patentes, explicando los problemas que el Derecho de Autor ha tenido para encuadrar al software dentro de las normas tradicionales.

Finalmente Hernán Galperin expuso un trabajo realizado por el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, del cual él es Director, titulado Análisis del impacto económico y social del proyecto de ley de extensión de impuestos internos a productos tecnológicos. El análisis demuestra los problemas de crear impuestos sectoriales para la tecnología y el error de calificar como vienen suntuarios a la tecnología.   ***

Según informaron fuentes de la Cámara Electoral, la maniobra duró media hora, hasta que fue solucionada por los equipos técnicos. Hasta el momento no se pudo detectar al autor del hackeo.

¿Que delito se cometió?

El año pasado se reformó el Código Penal mediante ley 26.388 y se introdujeron dos nuevos delitos, uno de acceso ilegitimo a un sistema informático, otro de alteración noautorizada de bases de datos personales.

El artículo 153 bis del Código Penal dice:

Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.

Para haber modificado la base de datos del padrón, alguien tiene que haber ingresado sin permiso a la base de datos. Hay un agravante por el acceso al sistema de un organismo público. La modificación del dato puede ser equiparada a daño (art. 183 CP) o al delito de alteración de bases de datos (art 157 bis del CP). La ley no dice nada sin embargo de la finalidad política del delito, en este caso, una protesta. Naturalmente, si todos al protestar -legitimo derecho dentro de una sociedad democrática- destruimos algo que perntenece a terceros o lo alteramos, deslegitimamos la protesta…

Luego el art. 157 bis dice:

Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;

2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.

3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.

En este caso, los incisos 1 y 3 parecen poder entrar en juego: el acceso a la base de datos desplaza al acceso a un sistema informático (art. 153 bis CP) por su especialidad y la modificación de las tablas puede caer en el inciso 3 del art. 157 bis del Código Penal.

Todo esto sujeto a la posibilidad de recuperar pruebas que permitan identificar al autor… algo seguro muuuy dificil… Habria que ver los logs de conexión, llegar a una IP y luego a través del provedor del acceso obtener la informacion del usuario…

Aguardo opiniones….