Un juez en un conocido caso en Estados Unidos (la verdad que no importa cual…) le prohibió al jurado usar mail, blogs, o twitter para hacer su propio research del caso…
“The judge issued a special warning against using the Internet, telling the jurors not to communicate details of the trial “by Twittering, blogging or e-mailing.”
Charla-Debate sobre el caso “Halabi”
Lugar: Universidad de San Andrés, Sede Capital
Dirección: 25 de Mayo 586
Entrada gratuita con inscripción previa enviando un mail a Maria Manaut mmanaut@udesa.edu.ar con asunto “conferencia Halabi”
Temario:
Las acciones de clase en el derecho argentino antes y después de “Halabi”.
La inconstitucionalidad de la ley de datos de tráfico. Derecho de la Intimidad. Problemática de la prueba en Internet.
Expositores:
Autor del Libro “Las Acciones Colectivas”. Lexis-Nexis 2005
Pablo A. Palazzi
Director Maestría de Derecho Empresario Universidad de San Andrés
Es un fallo de un juez de VErmont, comentado por Declan en CNET.
En Canada no se requiere orden judicial para acceder a logs. El fallo está comentado en este post en Ars Technica. Lo interesante es que con esta decisiónCanadá se alinea con Estados Unidos y con España en estos supuestos.
En un caso muy interesante fallado este miercoles por la Corte Suprema de Estados Unidos el alto tribunal se negó (5 vs. 4 votos) a aplicar la regla de exclusión al siguiente supuesto: por un error en una base de datos policial que informó que el sujeto tenía una orden de arresto fue detenido. Al detenerlo le practicaron una requisa y le encontraron droga y un arma, lo que motivó su condena. Pero a los minutos de la requisa la policía había caído en la cuenta que el pedido de detención era un error y que en realidad la información en la base de datos era falsa. El señor ya estaba arrestado y la prueba se usó en su contra. Para la Corte, el error no era lo suficientemente grave para apliar la regla de exclusión; además la policía había actuado de buena fe. Este caso sobre prueba ilegal -Herring v. US- (error judicial en base de datos de policia que produce arresto) sigue la línea de Evans v. Arizona (es válido arresto por error judicial de ingreso).
La verdad que es un caso para debatir no les parece? Me pregunto ¿cómo jugará en nuestro país la garantía constitucional de habeas data (art. 43 CN), que da derecho a que los datos en bancos de datos públicos sean veraces?
Crítica del NYTimes.
En el estudio Allende & Brea, con motivo de la semana de la seguridad informática, tuvo lugar hoy una charla sobre seguridad en la empresa donde hablaron Horacio Granero y Pablo Palazzi. Como siempre la discusión derivó en la prueba informática.
En un fallo que no es nada novedoso (gracias a Marcos Salt por acercarme el texto del mismo), la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en los autos “Abreu, Carlos Alejandro s/nulidad” (causa nº35.369), sentencia de fecha 9 de octubre de 2008, confirmó la nulidad del acta en la cual se documenta el acceso por parte de la empresa empleadora al correo electrónico personal del imputado (trabajador) por violentar el ámbito de su privacidad. Para el tribunal es indiferente que tales correos electrónicos hayan sido remitidos al servidor de la empresa. La decisión, que coincide con otras dos dictadas por el mismo tribunal, pone en duda las facultades del empleador del revisar el correo electronico laboral, salvo orden de juez…
fallo: Caso Abreu (correo-electronico).pdf
En este articulo publicado en la UCLA Law Review de Agosto 2008 se explica la doctrina norteamericana que autoriza a requisar un auto (y todo lo que hay dentro de el) sin orden de juez, en casos de sospecha.. Si se puede hacer eso, el autor argumenta que se podrá acceder sin orden de juez a millones de comunicaciones… en fin.. vale la pena leerlo para enterarse si allá existen protecciones constitucionales…
Un reciente fallo del Tribunal Supremo español (Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 20 May. 2008, rec. 10983/2007 ponente: Marchena Gómez, Manuel. Numero de Sentencia: 249/2008, Nº de Recurso: 10983/2007) sostuvo la exigencia de autorización judicial para que la operadora ceda datos identificativos del teléfono móvil; y que no resulta necesaria dicha autorización para captar el IMSI de la tarjeta prepago.
El fallo completo: en formato pdf.
Ver la nota en WIRED y en el Washington Post.
Los fallos
Fallo confirmatorio de primera instancia: lenihanorder.pdf
Fallo Primera instancia: original_cell_site_ruling.pdf
Lo dijo la Corte Suprema del Estado de Virginia (EEUU) en un caso reciente de un spammer que había sido condenado a nueve (9) años de prisión por enviar spam, en concreto mas de 10 millones de correos electrónicos que pasaron a través del servidor de AOL (por eso se lo juzgó en ese estado). El sujeto ganaba cerca de 750,000 dólares por mes por estas actividadades y fue el primero en ser condenado bajo la ley local en el año 2005. En los discos compactos que le secuestraron en su casa tenía mas de 176 millones de correos electrónicos. Pero en un fallo sorpresivo, la Corte Suprema del estado, luego de confirmar la condena aceptó revisar el caso y trató la cuestión constitucional sobre la libertad de expresión; amparandose en este derecho revocó la condena y lo absolvió. Con este fallo podremos concluir que no afectóa la libertad de expresión, pero no me cabe duda que si afectó la privacidad de muchísima gente…
Fallo del 2005: fallo-spam-2005-1054054.pdf
Fallo 2008 que confirma lc condena: fallo-confirma-20081062388.pdf
No encontré el fallo final.. si alguien lo tiene por favor facilitármelo asi lo subo…
Un juez dictó la cautelar para que un grupo de estudiantes del MIT no informen sobre el hack, pero luego levantó la cautelar sosteniendo que la publicación de un paper académico no era violatorio de las leyes antihacking.
En el caso Bunnell v. Motion Picture Association of America se discute la responsabilidad por contratar un hacker para obtener datos de un actuar ilegal, en concreto del sitio TorrentSpy, que permitia copia de musica… el hacker fue contratado por un executivo de la MPPA… Sugiero leer la nota del Wash Times…
Diario Judicial informa que se presentó un proyecto para derogar la ley 25873, norma que obliga a las empresas de telecomunicaciones a registrar el tráfico de los usuarios, electrónico y telefónico, por diez años. El proyecto de ley presentado por diputados de la UCR y Coalición Cívica busca derogar la ley 25.873, que el Ejecutivo suspendió mediante un decreto en el 2005 y que fue declarado inconstitucional por varios tribunales.
En el NYTimes hay un articulo de Adam Litpak sobre las requisas en ordenadores en zonas de frontera en Estados Unidos y el derecho del titular del ordenador a no entregar las claves de acceso a archivos encriptados equiparandolo a una autoincriminación.
UPDATE: Una artículo en el Washington Post del 16.1.2008 comenta el mismo caso con opiniones de Marc Rotenberg, Orrin Kerr y Lie Teen.
Aqui encontrarán el PDF del caso “Boucher”.