Competencia segun el “origen” de la direccion IP

Un fallo mas de la Corte Suprema sobre competencia en Internet (CSJN, 16/2/2010, caso “Eslaiman, Alicia s/denuncia”). Pero no es un fallo común. Es de los primeros en sostener la competencia provincial en un tema de internet. Alguien creó una cuenta de correo electrónico desde la cual ofreció si permiso del titular del derecho de autor una colección de imagenes, llamada pixtal collection. Es un claro caso de reproducción no autorizada de obras intelectuales, o por lo menos de oferta de distribución de la misma. La pelea (por no intervenir en el caso) era entre un juez de la capital y uno provincial.

Finalmente la Corte entendió que:

“como la dirección de IP desde la cual se había creado el correo a través del cual se intentó ofrecer las obras se encuentra ubicada en jurisdicción provincial, corresponde a la justicia local intervenir en la causa”.

El fallo me sorprende, primero porque como dije se deja de lado la tendencia de que todo lo relacionado con Internet es federal. 10 puntos por eso. Pero en segundo lugar, la Corte habla de una dirección IP en jurisdicción local: me pregunto ¿cuándo habrá direcciones IP en jurisdicciones federales? Y cuando serán provincianas? Alguno vió una dirección de IP con tonada cordobesa o salteña…? La ubicuidad de Internet permite a cualquier persona crear una cuenta de correo, un blog, un archivo y contectarse desde cualquier lugar del planeta… las direcciones de IP cambian en segundos, se reasignan, se spoofean.. en fin… poco convicente el argumento… En los tiempos de Internet me parece que no podemos seguir hablando aferrados a los conceptos de jurisdicción y competencia sujetos a criterios tradicionales. Necesitamos un gran cambio en ciertas concepciones jurídicas, y el tema de la jurisdicción es uno de ellos.

Aprueban ley SINDE en España

Es la ley que permite cerrar web de internet que comparten archivos p2p. La aprobo el gobierno luego de un intenso debate en internet. Se puede consultar mas info en el ABC, 20minutos.es y en El Pais… hay muchas criticas…

Texto disponible: http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Cultura/ley-economia-sostenible.pdf

Debate sobre la ley SINDE

Este es un interesante video (23 minutos!) sobre la ley SINDE, punto de vista dado por gente de tecnología de los ISPs. La ley sigue la onda de HADOPI y la reciente ley inglesa de la que informamos hace unos dias en estos blog. Se analiza el conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los internautas a acceder a internet.

Inglaterra aprueba ley antidescargas

Se suma así a los franceses que aprobaron la ley HADOPI (inicialmente cuestionada y luego aceptada por el consejo constitucional francés) y sigue la línea del proyecto que se intenta aprobar en España (conocida como Ley Sinde). La ley autoriza a cortar el acceso a internet a quienes sean detectados bajandousica de internet a travès de redes p2p.

Texto de la ley en el web site del Parlamento inglés.

Opiniones encontradas por el apuro en aprobar la ley.

Intenso debate en España sobre la ley antidescargas

Aun ni siquiera esta listo el anteproyecto de la ley antidescargas pero ya se debate intensamente sobre la corrección o no de la la propuesta de ley del Ministerio de Cultura español que plantea cerrar webs ilegales de descargas y dotar de facultades de pedir datos de IP a una comisión administrativa. Esta tendencia sigue la línea de la ley francesa HADOPI, que aun no pudo entrar en vigor por cuestionamientos de la CNIL. En fin parece que las normas legales (civiles o penales) no alcanzan para frenar la descargas ilegales de archivos (musicales, películas y hasta libros de derecho) por lo que la tendencia ahora sera frenar directamente la bajada mediante recursos tecnológicos y legales.

Seminario Universidad de San Andrés sobre derecho de los bucadores y la ley de delitos informáticos

El día 3 de noviembre de 2009 tuvo lugar en la Universidad de San Andrés un seminario sobre propiedad intelectual y nuevas tecnologías, auspiciado por la empresa Microsoft, la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y la asociación de Fiscales.

El seminario tuvo por finalidad a explorar con reconocidos expositores los desafíos legales que enfrenta el Derecho de las nuevas tecnologías en tres paneles con temas bien diferenciados. El primer panel fue una mesa debate sobre responsabilidad civil por la difusión de la imagen y datos personales en buscadores de Internet. Los expositores fueron el Dr. Antonio Mille, el Dr. Carlos Petre y el Dr. Eduardo Bertoni. El panel fue moderado por el Dr. Pablo Palazzi, Director de la maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés. El primer expositor Eduardo Bertoni, quien actualmente es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la información de la Universidad de Palermo. El autor, que fue relator especial en la OEA sobre libertad de expresión, puso énfasis el acceso a la información en Internet, la jurisprudencia de la CIDH y el fundamento por el cual la información que los buscadores ponen a disposición de los usuarios está protegida constitucionalmente. Carlos Petre brindó un panorama judicial de estos casos comentando la tipología de los distintos supuestos y explicando los problemas que enfrente la Justicia para resolver los planteos de la tecnología. Finalmente fue Antonio Millé, autor de varios artículos interesantes sobre la materia, y profesor de las Cátedras Derechos Intelectuales y Derecho Informático en la Universidad Católica Argentina quien cerró este panel y comentó los desarrollos del derecho comparado en materia de responsabilidad de buscadores analizando la lógica detrás de un motor de búsqueda y los supuestos en los cuales no debería habérselo hecho responsable.

El segundo panel de debate trató el tema de los “La reforma del Código Penal y la nueva ley de delitos informáticos. Consejo de Europa. La prueba informática”. Los panelistas fueron los Dres. Ricardo Saenz (Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,), Marcos Salt (especialista en derecho penal y representante y participante en las reuniones del ciberdelito del COE), y Gustavo Presman (Perito especialista en Informática Forense). El moderador fue el Dr. Carlos Reggiani ex secretario de la Comisión de Asuntos Penales del Senado, quien participó en la redacción de la ley 26.388 y guió a los expositores a lo largo de su debate. Todos los autores pusieron énfasis en que el problema actual es la necesidad de contar con reglas claras en materia de prueba informática. Se mencionaron asimismo las limitaciones constitucionales a la obtención de prueba y como juegan frente a las nuevas tecnologías y lo difuso del concepto de público y privado en internet. Se relato el caso “Halabi” de la Corte Suprema y la importancia de los datos de tráfico en materia de telecomunicaciones y la necesidad de contar con reformas en los códigos procesales penales para agilizar la investigación de los delitos informáticos.  Finalmente el seminario se cerró con una mesa debate sobre políticas legislativas sobre software y tecnología. El primer panelista fue el Dr. Jorge Vega Ilaceray, gerente de legales para Microsfot Argentina quien disertó sobre Un nuevo paradigma en propiedad intelectual: innovación abierta. En su charla el autor explicó un cambio de paradigma en la administración de propiedad intelectual por parte de las empresas. El cambio consiste en que antes la propiedad intelectual jugaba un papel limitativo en el acceso a los contenidos protegidos; en cambio hoy en día el paradigma ha cambiado y a través del Patent pooling y las licencias abiertas el conocimiento se comparte de otra manera.   Seguidamente el Dr. Guillermo Cabanellas disertó sobre Protección del Software por Derecho de autor y patentes, explicando los problemas que el Derecho de Autor ha tenido para encuadrar al software dentro de las normas tradicionales.

Finalmente Hernán Galperin expuso un trabajo realizado por el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, del cual él es Director, titulado Análisis del impacto económico y social del proyecto de ley de extensión de impuestos internos a productos tecnológicos. El análisis demuestra los problemas de crear impuestos sectoriales para la tecnología y el error de calificar como vienen suntuarios a la tecnología.   ***

Rechazan un nuevo juicio en Pirate Bay

Una corte de apelaciones sueca rechaza un nuevo juicio en el caso Pirate Bay.

Los programas p2p ¿deben contener filtros para respetar el derecho de autor?

En esta interesante nota publicada en el Diario El Pais de España -reproducida en La Nación de Argentina- se comenta el caso de Pablo Soto, autor del programa p2p Blubster para bajar musica de la red. Pueden ver un video aqui.

A mi modo de ver el problema de ponerle límites a la tecnologia o de tratar de insertar filtros para que no encuentren contenido ilícito llevara a crear obstaculos al progreso tecnológico.

Copia no autorizada de software (y de paso de mp3s)

UPDATE: ver nota en la nacion del domingo  28 de junio de 2009.

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “R., G. F.” (causa nº34.999), rto. 12/09/2008, donde se confirma el procesamiento del responsable de un cibercafé en cuyas computadoras se encontraba instalado el sistema operativo Windows XP Professional de la firma Microsoft sin contar con la licencia respectiva (conducta tipificada en el art 72 inc. “a” ley 11.723) y, en el disco rígido archivos de audio sin haber podido acreditado su origen mediante una factura que lo vincule con un productor legítimo (conducta tipificada en el art. 72 inc. “d” la ley 11.723). El tribunal recuerda que la ley 25.036 (BO 11/11/98) modificó y amplió la ley de Propiedad Intelectual 11.723 e incorporó a los programas de computación y a las compilaciones de datos a las obras por ella tuteladas, de tal modo que la instalación y uso de un sistema operativo sin licencia original y sin conocimiento de quien es el titular constituye uno de los casos especiales de defraudación previsto en el inciso “a” del artículo 72 del régimen del Derecho de Autor. Finalmente se resalta que cualquier utilización de fonogramas, interpretaciones y obras musicales en ámbitos que objetivamente sean diferentes al exclusivamente familiar constituye ejecución al público, más aún cuando los ambientes estén involucrados en una explotación comercial como en el caso.

Fuente: CCC, Sala IV, en autos “R., G. F.” (causa nº34.999), rto. 12/09/2009, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El fallo: propiedad-intelectual-cybercafe-sistema-operativo-windows-xp-no-original-y-copias-de-fonogramas-musicales-2.pdf

Lo interesante del fallo a mi modo de ver es lo siguiente:

- la copia no autorizada de software no merece comentarios, existen casos judiciales desde hace 20 años.

- según el fallo, los “archivos mp3″ son fonogramas para el derecho penal, algo que hasta ahora no quedaba claro. En realidad son una copia -en este caso no atorizada- del fonograma original. Por eso son ilegales.

- el tipo penal aplicado es el introducido por la ley 23.741 -aprobada en octubre de 1989, cuando no había internet- y habla de “almacenamiento” o “exhibición”… parece que es posible aplicar el termino “almacenamiento” a los bienes intangibles como son archivos mp3, lo cual es un avance en materia interpretativa penal pues con anterioridad los tribunales se negaban a hacer este tipo de razonamientos (ej. los casos de software). En este caso entiendo que no había exhibición  porque los archivos estaban en un disco rigido (salvo que esten en la carpeta “compartidos” en cuyo caso habría que analizar si el compartirlos en una red p2p equivale a la exhibición del art. 72 bis inc “d” de la ley 11723).

- me pregunto como se resolverá el mismo caso cuando en Argentina exista la excepción de la copia privada: una pista, tener 1402 archivos no parece copia privada, y menos si no se acredita la adquisición del original.

Microsoft inicia demandas por el fraude con clicks en avisos online

Se trata de la primera demanda iniciada por este asunto en Estados Unidos, dado que descubrieron que un grupo de personas hacia click en forma ilegal en los avisos. Lo mas interesante de la nota es cómo lo descubrieron y el hecho de iniciar una demanda patrimonial. Microsoft es precursor en estos temas habiendolo hecho en otros casos como el spam sobre sus servidores y cuentas de Hotmail.

Lo interesante de estos casos es que empujan las reglas jurídicas y obligan a los jueces a pronunciarse y a entender estos temas novedosos.

La ley Sarkozy no aprobó el test de constitucionalidad…

NOVEDAD: Parece que se reformaría le lay luego de la decisión del Consejo Constitucional.

Como comentamos en este blog, los franceses aprobaron una ley que permite dar de baja usuarios que están cometiendo infracciones a la ley de derecho de autor. Pues bien, el Consejo Constitucional frances, acaba de decidir que varios articulos de esa ley son inconstitucionales.

Gracias a Saveria por el dato!

La Revolución Francesa

Solamente a los franceses se les podía ocurrir algo asi, trataron de aprobarla varias veces pero el intentó fracasó el 9 de abril por falta de interes de quorum de la Asamblea francesa. Finalmente el proyecto de ley fue aprobado por Diputados y el Senado francés.

La ley modifica nada menos que el Código de la Propiedad Intelectual Francés y crea una nueva autoridad (+ burocracia en Francia) encargada de vigilar que se cumpla la norma. Recordamos que con anterioridad Francia tenía otra ley similar que nunca se aplicó (DAVSI). En fin, a partir de ahora, según el art. 336-3, el titular de una conexión a Intenret debe vigilar que su acceso no sea usado para descargar obras intelectuales de la red (crea una suerte de responsabilidad objetiva por el mero hecho de ser usuario de la red….). Si uno sigue leyendo la ley se encuentra con muchas sorpresas…Dicen que la ley ayudara al fichaje de ciudadanos… y la CNIL, a cargo de la protección de los datos personales no dice nada…

Intiman a usuarios argentinos a cesar descarga de juegos

Las intimaciones por descargas de juegos online, en este caso por bajar juegos de redes peer to peer, comienzan a producrise desde Estados Unidos. En este caso la ESA -la Entertainment Software Association- habría enviado un mail a un proveedor de acceso a Internet argentino (de Entre Rios) intimándolo para que comunicara a un usuario que cesara la baja de programas pirateados en redes p2p. Lo informan en el blog de Segu-Info por Cristian, donde se ha subido copia escaneada de la nota enviada por el ISP al usuario.

Lo extraño de esto es que uno podría pensar que semejante nota debería ser enviada por un juez, un fiscal o un abogado argentino. Pero no hay nada en la legislación que diga que ésto tiene que ser asi. De hecho un titular extranjero de una obra intelectual -o la asociación que lo represente- puede perfectamente invocar los derechos de autor que ya tiene por el Convenio de Berna. Obvio, para iniciar una demanda civil o un juicio penal necesitará si o si un abogado argentino, y registrar la obra en la Dirección del Derecho de Autor. La nota es demostrativa de hasta donde están llegando los medios utilizados por las industrias de contenidos para frenar la bajada indiscriminada de contenidos de todas partes del mundo.

IBM v. Apple y Papermaster: acuerdos de no competencia y secretos comerciales

 UNa nota interesante sobre el caso IBM v. Apple en AppleWebLog.

DRM hackeado con sanción en España

Gracias  a Federico Villalba por pasarme el dato…

El juzgado de lo penal número tres de Pontevedra ha condenado a R.A.G. a seis meses de prisión más una indemnización a la compañía Soft de 5.000 euros, por un delito contra la propiedad intelectual, en lo que supone la primera sentencia condenatoria en España por desproteger un programa informático. Aunque la sentencia es firme de conformidad: el acusado aceptó los hechos que se le imputaron, por lo que no ingresará en prisión al carecer de antecedentes y tendrá que asumir la indemnización fijada, así como las costas del juicio.

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