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El Tribunal Supremo de España, Sala en lo Penal, declaró la validez de los rastreos informáticos realizados en la red por la policía judicial -tendientes a perseguir la difusión de pornografía infantil-, con fundamento en que no se precisa autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma, ya que la huella de entrada queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario. Sí es necesaria autorización judicial para desvelar la identidad de la terminal, teléfono o titular del contrato de un determinado IP (”Internet Protocols”), en salvaguarda del derecho a la intimidad personal.

El Washington Post comenta en una nota como se desbarató una red de pedofilia con patas en varios paises.

En el NYTimes hay un articulo de Adam Litpak sobre las requisas en ordenadores en zonas de frontera en Estados Unidos y el derecho del titular del ordenador a no entregar las claves de acceso a archivos encriptados equiparandolo a una autoincriminación.

UPDATE: Una artículo en el Washington Post del 16.1.2008 comenta el mismo caso con opiniones de Marc Rotenberg, Orrin Kerr y Lie Teen.

Aqui encontrarán el PDF del caso “Boucher”.

Según me informa Gustavo Presman, en este link se podrán bajar un caso de estudio que cuenta como se hace Informática Forense con EnCase Forensic en el poder Judicial de Neuquén . Ver el sitio con un archivo PDF (es el primer link bajo Encase Forensic Resources, pero requiere una mini registración).

Me parece muy mportante que los poderes judiciales empiezen a equiparse con tecnología para investigar delitos informáticos (y de otra clase).

La columna Police Blotter de Declan McCullagh acaba de comentar un caso de Estados Unidos muy ineresante. Se trataba de una persona que llevó su PC a arreglar por un tema de hardware (para instalar un DVD drive) y al revisar los contenidos de la PC el personal del servicio técnico descubrió imagenes pornográficas de menores. Se hizo la denuncia penal y el imputado pidió que se invalidara la prueba. El tribunal no lo aceptó porque sostuvo que él había consentido el acceso al disco rígido al llevar la PC al service, renunciando a su privacidad.

Ver Commonwealth v. Sodomsky (PDF).